Mujeres que se jubilan: obligadas a aportar más y recibir menos

Mujeres que se jubilan: obligadas a aportar más y recibir menos

Ni solidaria ni sostenible, la reforma previsional del gobierno de Juan Schiaretti es calificada como un recorte a los derechos de la clase trabajadora y, en especial, de las mujeres. Ellas son mayoría en las categorías más afectadas y en los trabajos más precarizados.

Por Gabriela Weller

Aquel sábado de mayo, encerrada en su casa por el endurecimiento de la cuarentena, festejó con su hija. Después de 30 años en el aula y habiendo accedido a la dirección de la escuela por concurso tres años antes, Virginia por fin podría jubilarse en buenas condiciones. La alegría duró poco. El 20 de mayo se aprobó el “Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba” y el esfuerzo de toda una vida se diluyó entre la incertidumbre y la certeza de una jubilación menor a la esperada. 

Pero no es sólo el dinero, coinciden todas las voces consultadas por este medio; es la modificación de las reglas del juego de un día para otro; el esfuerzo por mejorar y avanzar hacia la jubilación más digna posible, capeando temporales de uno y otro gobierno; el haber aportado el 18 % del salario durante años para algún día poder retirarse.

Los sindicatos de Córdoba, al menos en sus declaraciones, expresaron el rechazo unánime a esta reforma a la que calificaron con una sola palabra: recorte. En plena pandemia y contra el sector más vulnerable de la clase trabajadora, el gobierno de Schiaretti logró que en 24 horas la vida de las personas que ya estaban percibiendo sus beneficios previsionales y la de las que accederán a una jubilación se deteriorara significativamente.

Algunos de los puntos más criticados de esta reforma tienen que ver con la reducción del porcentaje del haber previsional y el cobro de los incrementos. Para explicarlo en pocas palabras, los aumentos que se logren para el personal activo serán percibidos por los pasivos 60 días después, mientras éstos últimos rezan contra la sostenida pérdida del poder adquisitivo; y la jubilación alcanzará apenas apenas dos tercios del salario activo. Pero el oficialismo se ofende porque le llaman “recorte”.

A aquellas personas que además son beneficiarias de una pensión, mayoritariamente mujeres, se les sustraerá un 20 % si también perciben una jubilación de la Caja Previsional, o una jubilación y otro ingreso cualquiera, que superen seis haberes mínimos (unos 102.000 pesos), con total indiferencia de lo que se haya aportado durante la vida laboral activa. Se lo denomina Aporte Solidario sin límite en el tiempo, es decir de naturaleza impositiva.

Otro de los ahorros de los que presume el Gobierno se da en las pensiones. Antes lxs beneficiarixs percibían durante el primer año el 100%, y luego un 75 %. Con la nueva ley 10.694 percibirán directamente un 70 %. Y en algunos casos, como en el sector bancario, se excluyen para el cálculo adicionales que antes eran remunerativos, como fallo de caja, asignación estímulo y otros.

En tal sentido, Enriqueta García Porta, de la Asociación Bancaria de Córdoba, afirma que esta ley “afecta tanto a trabajadorxs activxs como a pasivxs, ya que lxs primerxs tienen total incertidumbre acerca de cuánto cobrarán una vez pasivizadxs y lxs segundxs verán seriamente menoscabados sus haberes. Bajo el pomposo título de Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba, no se ha hecho otro cosa más que perjudicar a la clase trabajadora activa y pasiva”.

Para la dirigente gremial, no hay una decisión política del Gobernador de sanear la Caja.Sólo recortar a través de ajustes a lxs presentes y futurxs pasivizadxs. Por ejemplo, se reduce el porcentaje para el cálculo del haber previsional: al ser el 82% del 82%, finalmente queda en un 67% del salario en actividad, agravándose la situación porque se calcula dicho monto no ya sobre lo percibido en los últimos 4 años –en los que normalmente se llega a las categorías y salarios más altos– sino de los últimos diez. Por lo que no sólo disminuye el porcentaje sino también la base de cálculo de lo que se percibirá como haber jubilatorio”

La situación se agrava en el caso de las mujeres, tanto por la llamada brecha salarial –en Córdoba no hay datos precisos pero se estima en más de un 20%– como por constituir el 80% del total de pensionistas. Y esa es otra de las malas noticias de la reforma previsional: quienes reciban más de un beneficio, por ejemplo una jubilación y una pensión, serán sometidxs a un recorte del 20% en concepto de “aporte solidario”. Un recorte que no es temporal, como la reducción de los haberes de los legisladores, sino permanente.

De quién es y a quién le importa la Caja

La sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba es una preocupación legítima. Según los datos oficiales, son necesarias cuatro personas en activo para sustentar una jubilación. Sin embargo, son las propias autoridades las que debieran garantizar el ingreso genuino y permanente de los aportes de todas las personas que están trabajando. “Cómo vamos a tener una Caja sustentable si el trabajo está cada vez más precarizado, si tanto en la Provincia como en la Municipalidad está lleno de monotributistas”, se pregunta la trabajadora social Carolina Allende, presidenta del Colegio de Profesionales en Servicio Social.

Allende reconoce que cuando se enteró de la reforma, lo primero que pensó fue “qué suerte que me jubilé antes, qué suerte pertenecer a planta permanente, qué suerte que aporté durante 30 años a la Caja”. Pero inmediatamente se dio cuenta de que no era cuestión de suerte. Con indisimulable tristeza reconoce que “esta reforma no sólo nos quita una parte de nuestros haberes, avasalla nuestros derechos y los de las generaciones futuras”. Es más –y en su tono se adivina el paso de la tristeza a la bronca–, “me pregunto cómo es posible que alguien que debe representar a la voluntad popular se nos ponga enfrente. Como ciudadana siento que este gobierno no me representa, que se ha convertido en nuestro enemigo.”

Coincidiendo con la opinión de los 14 gremios afectados por esta reforma, dice que lo que más le impactó fue el cómo y el cuándo: “Nadie nos consultó, no tuvimos la posibilidad de hacer aportes ni críticas y, mucho menos, de ofrecer resistencia. Nos dejó sin poder de reacción”, dice la dirigente. Y con el conocimiento que le da su función en el Colegio Profesional expresa una “profunda preocupación por el crecimiento y generalización de la modalidad del monotributo para ejercer tareas profesionales permanentes y exclusivas en el Estado, con la consiguiente pérdida de derechos laborales y sindicales”. 

Es que la inmensa mayoría del universo de esta profesión es femenina y son las trabajadoras sociales las que sufren una precarización creciente, que denuncian cada vez con más fuerza en los últimos años, aunque el fenómeno del monotributo en esta profesión tiene alrededor de 15 años. Y Allende agrega: “Es evidente que si esas personas fueran contratadas como personal en relación de dependencia contribuirían a la Caja de Jubilaciones con sus aportes, ayudando a mantener los fondos necesarios para hacerla sustentable”. Además, se lamenta por la falta de representación gremial y la pérdida de todos los derechos laborales que protegen a lxs trabajadorxs y que ahora están ausentes por el monotributo que enmascara una verdadera relación de dependencia.

Cuando se aprobó la mentada reforma, que la totalidad de lxs afectadxs coinciden en que de solidaria y sostenible no tiene nada, se esgrimieron opiniones diversas, no siempre argumentadas, desde todo el arco político. Algunos ejemplos de lo publicado en aquellos días: el ministro de Finanzas de Córdoba Osvaldo Giordano manifestó que se trata de “una reforma que apunta a la sostenibilidad y a la equidad de la solidaridad del sistema. Sigue la línea de profundizar la armonización con las normas nacionales y apunta a hacer un aporte relevante en el ahorro”. El diputado nacional Mario Negri (Juntos por el Cambio) fue más escueto: ”El kirchnerismo le impone a Córdoba la reforma jubilatoria que quería CFK: armonización, diferimiento de aumentos y reducción del haber inicial. Todo junto».

Para la legisladora del Frente de Izquierda Soledad Díaz García, el único objetivo es proceder a varios recortes de los haberes. Y detalla: “Por un lado, se impulsa un quita directa del 6 % para todos los jubilados, pasando del 73% al 67%; pero además la base del cálculo se establece sobre los haberes de los últimos diez años, es decir que el recorte será superior. Con esa medida se avanza también en el desenganche, habilitando con el paso del tiempo un brecha superior entre los activos y los pasivos».

La Caja está intervenida desde el año 1995. Hace 25 años que lxs trabajadorxs y los sindicatos desconocen absolutamente el funcionamiento y el estado de la misma. No se sabe cuál es su estado financiero, más allá de las declaraciones del Ejecutivo y de la insistencia en “ahorrar” (recortar) para hacerla sustentable. Pero sólo el Gobierno sabe exactamente cuánto se recaudó y cómo se utilizaron los fondos. Por eso, una de las reivindicaciones más avanzadas tiene que ver con la normalización y la integración de la dirección de la Caja de manera colegiada entre autoridades y trabajadorxs, con representación de todos los sectores y con paridad de género.

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Las profesiones feminizadas

El abogado Aníbal Paz, especialista en derecho previsional, sostiene que para la reglamentación de esta Ley “no ha mediado ningún análisis desde la perspectiva de género, y por ello es que de una manera desproporcionada las beneficiarias mujeres serán las que deban tolerar mayores recortes, en cuanto a cantidad, en cuanto al monto del recorte, y en cuanto al porcentaje sobre el total de sus ingresos”. Y agrega: “Conforme al artículo 75.23 de la Constitución nacional, los Estados deben brindar respuestas legislativas positivas para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos, en particular respecto de las mujeres”.

A pesar de las declaraciones oficiales iniciales, según las cuales la reforma no afectaría a la docencia, la secretaria adjunta de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) –el gremio que agrupa a más de 40 mil docentes cordobesxs– es contundente en su rechazo. Para Zulema del Carmen Miretti, el presente es duro y el futuro lo será aún más. “Nos enteramos ese mismo día, justo cuando se declara volver a la fase tres del aislamiento y después de una campaña en la prensa sobre el déficit de la Caja. Nosotrxs pensamos que fue adrede”. 

La secretaria adjunta del gremio docente recuerda que “la principal reforma se produjo en 2002 durante el gobierno de (José Manuel) De La Sota, con el primer convenio de armonización de las cajas provinciales con la nacional. Ahí empezamos a perder el 82%, y esta reforma quizás no es la última, porque la nuestra es una Caja solidaria y está cada vez más debilitada por la precarización del trabajo y la proliferación de monotributistas”.

“Lxs docentes cordobesxs hemos pasado de la mejor a la peor jubilación del país”, afirma la dirigente sindical. “Y la armonización con el régimen nacional, de la que habla la reforma, tendría que ser con el régimen especial docente, no con el general, porque así perdemos dinero y, sobre todo, perdemos derechos”. Para reforzar la Caja hay que mejorar la recaudación. Por eso Zuly, como la llaman en la UEPC, insiste en que el gremio tiene muchas propuestas que no afectan a lxs trabajadorxs, estén o no en actividad. “Una renta al campo, un impuesto al juego, muchas alternativas antes que esta quita de derechos”.

Miretti no cree que estas medidas afecten especialmente a las mujeres, aunque es evidente que representa a uno de los gremios más feminizados del mundo laboral. “Nos afecta a todxs –dice–. Podría ser más a las mujeres porque tenemos más expectativa de vida y lo cierto es que uno de los principales efectos de esta reforma es que vamos a tener que trabajar más años para poder jubilarnos un poco mejor”. 

La carrera docente permite rendir concursos para ir ascendiendo en el escalafón y es común que en los últimos años se logren mejores posiciones tanto en categoría profesional como en monto salarial. Por eso, calcular la jubilación en base a los últimos cuatro años de trabajo constituía una medida justa. “Ahora, si se toman como base los últimos 10 años, el cálculo será, en la inmensa mayoría de los casos, sobre una base menor. Además, aquellas docentes que desempeñan alguna otra función profesional, como capacitadoras, por ejemplo, y que se han dado de alta como monotributistas para poder facturar, se considera que tienen dos ingresos y entonces entran en el aporte solidario del 20%, que no es solidario sino compulsivo”.   

La UEPC se ha sumado a las acciones del resto de los gremios afectados de Córdoba e impulsa acciones legales. Además, participa de un estudio impulsado por  la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA)  para hacer una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo. Para la docencia, una de las profesiones más feminizadas del mundo laboral, el golpe ha sido muy duro.

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¿Ataque a los privilegios o pérdida de derechos?

“Una reforma artera, inoportuna, a espaldas de todo el mundo”, afirma sin tapujos Alejandra Morcillo, una exfuncionaria de la Provincia que aportó durante 34 años al sistema previsional. En su caso, por haber perdido a su marido, además de su jubilación cobra una pensión de la Nación; por ello sufre el recorte aún más, con una pérdida del 20% de sus ingresos. “No puede ser que se considere que gano mucho (102.000 pesos); tengo derecho a la pensión por viudez y, además, trabajé cuatro años más, precisamente para jubilarme en mejores condiciones”.

“Aunque me afecte personalmente en lo económico, lo que más me preocupa, lo que me indigna, es el avasallamiento a nuestros derechos”, dice Morcillo, mientras se pregunta hasta dónde van a llegar. Trabajó en la Maternidad Provincial, fue directora del área de Violencia Familiar y se desempeñó como asesora en la secretaría de Derechos Humanos del ministerio de Justicia. “En aquella época se creó el famoso ‘0800’, la línea telefónica de asistencia a las mujeres en situaciones de riesgo de violencia de género; yo andaba todo el día con el teléfono en la mano, 24 horas al servicio de mi trabajo, y no me arrepiento, pero frente a esta reforma artera, ni yo ni muchas de las que trabajamos en ésto tenemos quién nos defienda”.

Más allá de las denuncias judiciales que Morcillo y muchas mujeres han presentado a través de despachos de abogados privados, la exfuncionaria no oculta su indignación. “Se están violando todas las garantías constitucionales y, en particular, nuestra ley 26485, de Sanción y erradicacion de todas las violencias hacia las mujeres, ya que esto es violencia económica, patrimonial y también violencia institucional, porque se ha obstaculizado el ejercicio de nuestros derechos”.

Y con indisimulable pesar, agrega: “¿Qué dicen las legisladoras mujeres, dónde están Alejandra Vigo o Claudia Martínez? Somos muchas las mujeres que trabajamos en estos temas y no tenemos quién nos represente. Pero está claro que el ministerio de la Mujer no va a levantar la voz contra el Gobierno de Schiaretti».

Finalmente, insiste en el problema de la falta de representación y protección gremial. «De algunos sindicatos no se puede esperar nada, otros sí están tomando el tema seriamente, pero la verdad es que más allá de la judicialización a través de abogados particulares, lo importante es no callarnos, levantar la voz para que se difunda esta injusticia. Y las mujeres tenemos que pensar juntas cómo peleamos y frenamos estas políticas permanentes de avasallamiento a nuestros derechos; cómo hacemos visibles estos problemas, porque hoy somos nosotras y mañana serán otras».

Es probable que la Caja de Jubilaciones y Pensiones no sea sustentable. Pero es más probable aún que el único fin de la reforma haya sido recortar esos 30 mil millones como paliativo del endeudamiento gigantesco de Córdoba, especialmente durante 2017 y 2018. ¿Y los derechos de la clase trabajadora, bajo un gobierno peronista? Puede responder Virginia, la docente con la que comenzó esta nota: «No me voy a jubilar, voy a posponer mi retiro por unos cuatro o cinco años más, o hasta que me dé el cuerpo».

No a los recortes: hay otro camino

«Desde los sindicatos aportantes tenemos propuestas para resolver el supuesto déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. Por ejemplo, incorporar a planta permanente a todo el personal tercerizado o en condición de becario o monotributista (figuras que utilizan la Provincia y el Municipio para esconder una relación de dependencia laboral) de manera que con esta medida ingresen más aportantes activos al sistema», afirma la representante de la Asociación Bancaria, Enriqueta García Porta.

Como se recordará, la Caja está intervenida desde 1995, hace 25 años, por lo que los sindicatos y sus bases  desconocen realmente cuál es su estado financiero y cómo se utilizaron los fondos. «Debe ser urgentemente normalizada -dice García Porta- para que tanto los sindicatos como lxs jubiladxs formen parte junto al Poder Ejecutivo  de su conducción y control».

Entre los aportantes hay algunos gremios como la UEPC, con un 80 % de mujeres trabajadoras, y otros también fuertemente feminizados. Además, el 80 % de las pensiones son percibidas por mujeres. Sobre este tema, la dirigente bancaria es clara: «Obviamente somos las que ocupamos los cargos de menor remuneración, porque competimos en condiciones de desigualdad con los hombres al tener a nuestro cargo las tareas de cuidados del hogar, niños y ancianos, lo que nos resta posibilidades de acceder a cargos con mayor responsabilidad y mejor pagados».

Por eso las mujeres de la Bancaria, y de la decena de sindicatos que se han unido para denunciar y organizar la protesta, están en la primera línea.