Licencia por violencia de género: “Es necesario que la Universidad otorgue este derecho a sus trabajadorxs”

Licencia por violencia de género: “Es necesario que la Universidad otorgue este derecho a sus trabajadorxs”

Lxs trabajadorxs de la UNC vienen pidiendo, sin suerte, que las víctimas de violencia de género tengan derecho a pedir licencia o reducción de la jornada laboral. Esta posibilidad ya existe para lxs estudiantes de Córdoba y también para docentes y nodocentes de otras universidades del país. La secretaria Gremial de Adiuc, Leticia Medina, detalla las características del proyecto que ese sindicato impulsa junto con la Gremial San Martín y que aún no fue debatido por la comisión paritaria local.

Por Jimena Massa

“Es necesario que la Universidad, como empleadora, genere herramientas que den cuenta de los impactos que tiene la violencia de género sobre las mujeres y personas de identidades sexo genéricas disidentes en tanto trabajadorxs”, explica la secretaria Gremial de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc), Leticia Medina. En entrevista con El Tajo, la dirigente sindical explicó la necesidad de que la UNC otorgue este derecho para quienes se enfrentan a situaciones de violencia y deben resolver problemas y demandas propias de una experiencia que atenta contra la integridad o la vida humana.

El proyecto propone crear la licencia laboral y la reducción de jornada por razones de violencia de género, con goce de haberes, para todxs lxs trabajadorxs de la Universidad Nacional de Córdoba que atraviesen situaciones de este tipo en ámbitos extra laborales. Considerando que la UNC ya dispone de un “Plan de Acciones y Herramientas para prevenir, atender y sancionar las Violencias de Género”, esta propuesta impulsada por los sindicatos apunta específicamente a resolver las necesidades que surgen por situaciones de violencia ocurridas en ámbitos particulares, fuera de la Universidad.

“Se trata de situaciones que no se encuentran contempladas en una política de licencia específica y que hasta ahora se regulan, en el mejor de los casos, bajo disposiciones ordinarias de licencias psiquiátricas o por enfermedad; hoy no hay normas que contemplen de manera integral la situación vivida por la víctima”, apunta Leticia, que es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y también secretaria de Género de la CTA de los Trabajadores Córdoba.

La propuesta impulsada por Adiuc (docentes) y la Gremial San Martín (nodocentes) prevé una licencia de hasta 45 días, con posibilidad de extenderse 20 más, de acceso inmediato y con reserva de la identidad de quien la solicita. Este derecho para trabajadorxs ya existe en las universidades nacionales de Mar del Plata, La Plata, Tierra del Fuego, San Juan, Nordeste, Patagonia Austral, Lanús, Arturo Jauretche, La Rioja y Avellaneda, entre otras. En algunas casas de estudio, se prevé una la licencia con goce de haberes de hasta 120 días, pudiendo extenderse en caso de que sea necesario. En la UNC, a su vez, se acaba de aprobar la licencia por razones de violencia de género para el claustro estudiantil, impulsada por Estudiantes por la Universidad Pública.


– ¿Cómo surgió esta iniciativa de impulsar la licencia por violencia de género por parte de Adiuc?

Surgió en 2019, atendiendo al hecho de que a nivel social vemos un incremento de las situaciones de violencia de género, y en los espacios de organización gremial (Leticia también integra la Intersindical de Mujeres) coincidimos en la necesidad de que los empleadores empiecen a generar regulaciones que den cuenta de los impactos que tiene la violencia sobre las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ en tanto trabajadorxs. La violencia no es un problema privado ni individual. Además, tiene efectos concretos en los espacios laborales y en las posibilidades de las mujeres y disidencias de desarrollar su vida. Es un nuevo factor de desigualdad en el trabajo.

– ¿A qué tipo de situaciones apunta concretamente la licencia?

Es exclusivamente para situaciones de violencia ocurridas fuera del ámbito laboral, porque en el ámbito universitario hay otras regulaciones. La violencia laboral tiene sus propias normativas y los casos se tramitan en las áreas correspondientes de la UNC como la Defensoría de la Comunidad Universitaria, Asuntos Jurídicos o el Plan de Acciones, que cuentan con el Reglamento de Investigaciones Administrativas, que prevé sanciones para las conductas que sean violatorias de los derechos de lxs trabajadorxs. Este proyecto, en cambio, contribuye a resolver las situaciones que suceden fuera de este ámbito y que sin duda afectan las posibilidades de desempeño laboral. Además, la resolución de una situación de violencia laboral en general no implica una licencia sino que requiere el apartamiento del agresor, el cambio de espacios de trabajo, etc. La licencia que proponemos tiene que ver con situaciones externas a la Universidad pero que sin duda la afectan.


– ¿Qué dice la letra chica del proyecto y cuáles son sus beneficios?

Prevé hasta 45 días de licencia con goce de sueldo, con posibilidad de extenderse 20 más. Actualmente, las víctimas tienen que tomar licencias psiquiátricas y apelar a sus redes familiares o comunitarias para hacer sus trámites de denuncia o buscar lugares donde pasar sus días cuando tienen que irse de su casa. Nada de esto está contemplado hoy en la Universidad. Existen muchos avances en distintos espacios de trabajo pero en la UNC carecemos de una regulación que brinde protección por un período de tiempo que le permita a la persona garantizarse las condiciones mínimas para su vida personal y laboral.


– Y el proyecto exige que, para otorgar la licencia, se haya hecho la denuncia…

Después de haber relevado otras propuestas similares, tratamos de imitar las normas más flexibles en esta materia pero reconociendo que algún tipo de registro previo tiene que haber; algo que dé cuenta de la existencia de la situación. Esto no implica necesariamente una investigación en marcha pero sí algún tipo de manifestación policial, judicial o en el Polo de la Mujer. Es decir, alguna instancia que certifique la ocurrencia de los hechos.


La creación de este tipo de licencia requiere modificar el régimen actual y eso implica una modificación del Convenio Colectivo de Trabajo, por lo que debe ser aprobada por la Comisión Paritaria Local, que es el ámbito donde se negocian las relaciones laborales entre la patronal y lxs trabajadorxs. El 8 de marzo 2019 el proyecto fue presentado por primera vez en esa Comisión, y también se le envió una carta a los integrantes del Consejo Superior de la UNC, solicitando el apoyo para su aprobación. Pero no hubo avances. En setiembre del mismo año, mientras se trabajaba con la Gremial San Martín (nodocentes) para armar una propuesta conjunta, se volvió a presentar, sin suerte. En 2020 se intentó nuevamente, pero el proyecto no tuvo cabida en la mesa de negociaciones. Pasó también por la Unidad Central de Políticas de Género y por el Equipo Interdisciplinario del Plan de Acciones, que hizo valiosos aportes, pero no prosperó en la Paritaria.


– Considerando que el proyecto fue presentado por primera vez en 2019, ¿a qué se debe tanta demora para su aprobación?

Este proyecto modifica el Convenio Colectivo de Trabajo y su régimen de licencias, que es un convenio de partes, y por eso indispensable que lo trate la Paritaria. Nosotros como gremio defendemos a rajatabla el cáracter convencional y paritario de nuestro Convenio. Pero… venimos de una tradición en la que las condiciones de trabajo eran reguladas de manera unilateral por la patronal. La UNC tiene 400 años y nuestro convenio es recién de 2014. Entonces, es parte de una discusión política más profunda en relación a quién debe definir las condiciones de trabajo: si solo lo hace el Consejo Superior o si, como creemos nosotrxs, cualquier modificación debe surgir de un acuerdo entre las partes.


– Pero este año será presentado nuevamente, en forma conjunta con el gremio de nodocentes…

Claro, es una propuesta compartida y confiamos en que eso le dará un mayor impulso, ya que se trata de otorgarle un derecho laboral a todxs lxs trabajadorxs de la Universidad. La intención es que todxs en la UNC puedan disponer de esta herramienta.


– Este derecho ya existe para trabajadorxs de otras universidades nacionales e inclusive para lxs estudiantes de la UNC…

Efectivamente, otras universidades ya cuentan con esta licencia. Pero creemos que la reciente aprobación de la licencia para estudiantes y la reforma de la ordenanza 9/11 (sobre identidad de género) muestran que tal vez hoy hay mejores condiciones para avanzar con políticas de género en la UNC. Porque hay algo muy obvio: la violencia de género existe, es cada vez más intensa y generalizada y repercute en los espacios laborales. Es una realidad de muchxs trabajadorxs. Ese es el argumento; no estamos acusando a la Universidad de nada, sino pidiendo algo que debería ser más sencillo de resolver.


– ¿Y cómo estamos las docentes universitarias en relación a las trabajadoras de otros gremios?

Ya son varios gremios los que reconocen este derecho y, no casualmente, en todos los casos han sido iniciativas de las mujeres de los propios sindicatos. En la investigación “Condiciones de trabajo y vida cotidiana”, que hicimos en 2020 con la Federación de Entidades Profesionales Universtitarias de Córdoba (Fepuc) y la Facultad de Ciencias Sociales, registramos varios convenios colectivos y estatutos que incluyen esta posibilidad.


– ¿Cómo evalúan desde Adiuc la violencia de género que afecta a lxs trabajadorxs?

Nosotrxs no recibimos pedidos de acompañamiento de víctimas de violencia de género (más allá de que no es el ámbito específico para abordar el problema) y la hipótesis es que esas situaciones extra laborales no llegan por dos razones: por un lado, la vergüenza que suele rodear a estos hechos y el silenciamiento que eso implica; y por otro, que a diferencia de otros espacios laborales que están más estrictamente reglamentados en cuanto a horarios y tareas, en la Universidad hay mayor margen para que una persona afectada pueda intentar una resolución particular con sus jefxs o compañerxs. Entonces, solo las situaciones extremadamente críticas llegan al gremio.


– Hoy si una docente necesita hacer una denuncia o buscar donde vivir, puede “negociar” tiempo dentro de su cátedra o facultad, pero siempre depende de la buena voluntad de particulares…

Exacto. Si bien valoramos esa flexibilidad, el uso de la licencia debería ser un derecho en sí mismo y no un permiso informal que hay que negociar. Volviendo a las denuncias, entonces, las que nosotros recibimos son en su mayoría de violencia laboral y no de la vida particular de lxs trabajadorxs. Ahora, eso no implica que las situaciones no ocurran y que las víctimas no necesiten un tiempo mental y material para lidiar con eso.


– ¿Qué tipos de situaciones críticas han recibido?

El último caso fue el de una docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto que atravesaba una situación de violencia de género y gestionamos un pase a la UNC. Hubo un acuerdo para que ella pueda salir de su ciudad sin perder su trabajo. Como no hay un sistema de pases regulados, estuvimos un año trabajando entre los dos sindicatos y las dos universidades para encontrarle un espacio de trabajo en Córdoba y así garantizar la protección de su vida, que estaba amenazada.

– Por último, ¿creés que este proyecto cobra aún más importancia en el contexto de la pandemia?

Sí, hay suficiente evidencia de que el confinamiento está provocando mucho malestar, mucha tensión, agravando o creando situaciones de violencia en las familias. En la investigación “Condiciones de trabajo y vida cotidiana” había muchas respuestas de universitarixs y pudimos ver un incremento de la violencia (ver Desterrar prejuicios). Nos parece que es un contexto propicio para conseguir el apoyo a este proyecto y la respuesta institucional que hace falta.

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