Hasta que el aborto sea legal, seguro y gratuito

Hasta que el aborto sea legal, seguro y gratuito

Con el proyecto para la legalización del aborto listo, pero sin fecha para su tratamiento en el Congreso, las funcionarias de los Ministerios de la Mujer y de Salud apuestan fuerte a garantizar la Interrupción legal del embarazo, en todo el territorio nacional.

Por Gabriela Weller

Entre el 1° de marzo y el 30 de junio de 2020, la línea telefónica nacional de atención y acompañamiento a las mujeres recibió 4406 llamados. De esos llamados, 2769 generaron acciones y rutas (secuencias) para que se garantice el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE). De estas secuencias, 132 se generaron en la provincia de Córdoba en el periodo marzo a junio (12 en el mes de marzo, 42 en abril, 42 en mayo y 36 en junio).

De este modo, aunque las mujeres y los cuerpos gestantes que necesitan acceder a la interrupción legal del embarazo no sean atendidos correctamente (negación, dilación, desinformación, etcétera) se les dará respuesta. En aquellos lugares del país en los que no se aplica como debiera el Protocolo del Ministerio de Salud de la Nación -o los protocolos provinciales necesiten adecuación- desde la línea telefónica central se actúa.

Segun declaró a este medio la titular de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR), Valeria Isla, “la principal preocupación es que se garantice el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y para ello estamos trabajando con las Consejerías de todo el país, evaluando permanentemente la aplicación del protocolo de la ILE e insistiendo con el concepto de salud y con las causales que deben ser atendidas”

“La línea 0800-222-3444 es una línea telefónica nacional, gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva, que brinda información de forma integral a toda la población”, recordó la funcionaria. Y no es una dato menor, dado que muchas personas piensan que se trata de una línea de denuncia y no es así: es un recurso disponible para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva.

A través del 0800 se informa sobre métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia; obligaciones del sistema público de salud, obras sociales y prepagas; derechos de usuarias/os del sistema de salud; violencia sexual y abuso sexual infantil; asistencia post aborto; interrupción legal del embarazo; cáncer de cuello de útero y de mama; derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes; atención de población LGTBI; disfunciones sexuales y reproducción médicamente asistida, entre otros temas.

En el último informe generado por la DNSSR, se recuerda que “cuando la consulta no puede ser respondida por las y los consultoras/es, la línea genera una secuencia. Esta situación corresponde a todas las consultas por interrupción legal del embarazo, cuando se identifica un incumplimiento en las prestaciones de algún servicio de salud sexual y reproductiva o una vulneración de derechos sexuales y reproductivos, o cuando la/el agente de la línea no cuenta con la información necesaria para dar respuesta a la consulta.

La secuencia generada se remite a la DNSSR y da respuesta a través de sus equipos técnicos, o, en algunos casos, realiza la derivación a los programas provinciales u otros organismos gubernamentales. Una secuencia se debe responder en un lapso de tiempo no mayor a 72 horas, y se debe notificar por escrito a la DNSSR, informando la resolución de cada caso.

El impacto de la pandemia en la salud de las mujeres, más allá del COVID-19, es muy significativo. Recientemente la agencia Telam publicó una investigación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) alertando que millones de mujeres podrían perder su acceso a anticonceptivos, provocando 7 millones de embarazos no planeados en los próximos meses a nivel mundial. «Este informe ratifica que el acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud reproductiva son prestaciones esenciales, y se deben garantizar. “En Argentina la interrupción legal del embarazo (ILE) es una prestación de urgencia sensible y se está priorizando”, afirmó la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

Desde los barrios

Frente a este panorama nacional, una de las principales preguntas es qué está pasando en el territorio, en los barrios de Córdoba donde en muchos casos y durante bastante tiempo, el acceso al derecho de la ILE fue garantizado por un centenar de profesionales que dependen de la Dirección de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad de Córdoba. La doctora Betiana Olearo, que lleva más de 10 años trabajando en atención primaria, afirmó que a pesar de los problemas que ha tenido Córdoba en cuanto al cuestionamiento moral y judicial del derecho a la ILE, “las profesionaes de los dispensarios hemos seguido trabajando con el mismo criterio, amparadas en el marco legal argentino y en el concepto amplio de salud que estabece la OMS: salud integral biopsicosocial”.

Pero durante la pandemia el tema se complicó. “Se restringieron los accesos y la mayoría de los y las profesionales fuimos afectados a los cuadros febriles, además de la reducción del personal considerado de riesgo”, afirma la doctora Olearo y remarca: ”En este momento tenemos 40 mujeres esperando ser atendidas, un número muy alto y fuera de lo normal, por el COVID, por la demora en la llegada de los medicamentos”.

Consultada acerca de cómo llegan las personas al dispensario, Betiana Olearo reconoce que “las mujeres que consultan conocen sus derechos, los detalles que desconocen son perfectamente informados por los equipos multidisciplinarios y firman el consentimiento informado”. Pero inmediatamente agrega que “el problema es las que no llegan; ¿qué pasa con las mujeres que viven fuera de Córdoba Capital, que no tiene recursos ni posibilidades de trasladarse?”

En los cientos de acompañamiento que han realizado desde estos equipos, las cifras demuestran el avance en materia de información sobre los derechos que nos asisten a todas. Tiempo atrás, las mujeres llegaban a pedir ayuda cuando estaban en la semana 11 ó 12 de gestación. Hoy, el 60% está en la séptima u octava semana. La interpretación de quienes trabajan en acompañamiento de estos embarazos es que hay más información y que la presentación en el Congreso del proyecto de legalización del aborto, más allá de que sólo lograra media sanción, ha instalado el tema; hay una mayor conciencia social y una menor condena moral, gracias a la circulación de información profesional seria.

Es sabido que para las organizaciones y grupos no oficiales de apoyo a las mujeres, como las socorristas, la demanda de acompañamiento creció de manera significativa durante la cuarentena. Pero justamente por ello el trabajo se complicó; El aislamiento, sumado a la escasez de medicamentos y al hecho de que el Misoprostol llegó a costar 7 mil pesos, dificultaron la tarea en extremo.

Finalmente, consultada acerca del punitivismo que aún impulsan algunos sectores, denunciando, por ejemplo, a las mujeres más vulnerables que llegan al sistema sanitario con complicaciones, Olearo es clara: “Un profesional serio debe guardar el secreto profesional; y si no, corre el riesgo de que sean las propias pacientes quienes lo denuncien por la violación de este principio básico del ejercicio de la medicina”.

“Nosotras -los equipos multidisciplinarios de atención primaria- nunca dejamos de trabajar”, afirma la profesional. “Siempre estuvimos convencidas de la legalidad de nuestras prácticas y además últimamente se ha avanzado mucho gracias al Protocolo Nacional, la medicación, la despenalización social y los equipos de trabajo de la línea 0800”, recalcó.

Pero no todo es luz. La sombra de la Córdoba conservadora y clerical también pesa. Por ejemplo, una de las recomendaciones básicas es que las mujeres tengan fácil acceso a los métodos anticonceptivos y que la Provincia garantice que tras la ILE todas tengan al menos dos meses cubiertos de anticoncepción.  Nunca se logró. Como tampoco un impulso efectivo a la Ley de Educación sexual integral, que podría ayudar, entre otros aportes, a la prevención de los embarazos adolescentes y/o no deseados.

Educación sexual integral y aborto legal, seguro y gratuito se erigen como los principales instrumentos para la prevención y la igualdad de derechos para hombres y mujeres, independientemente su condición social.

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Situación del Protocolo ILE a Julio del 2020

Adhieren al Protocolo ILE 2019 Nacional, 9 jurisdicciones: Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y CABA.
Tienen protocolo o normativa que requiere actualización, 10 jurisdicciones: Chaco, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Catamarca, Chubut, Córdoba, Mendoza y Río Negro.
No tienen protocolo ni adhieren , 5 jurisdicciones: Corrientes, Formosa, San Juan , Santiago del Estero y Tucumán.