Faltamos en los medios, pero avanza una ley de equidad

Faltamos en los medios, pero avanza una ley de equidad

En breve, la iniciativa que impulsa equidad de género en los medios podría ser una realidad gracias al proyecto presentado por la senadora Norma Durango, que pasó a Diputados con voto unánime y ya tiene despacho favorable.

Por Gabriela Weller

En el año más raro de la historia argentina, no todo fue para mal. Gracias a la virtualidad, cientos de mujeres (diversas y prácticamente de todos los puntos del país) se reunieron en -al menos- tres oportunidades para debatir la desigualdad de género en los puestos de dirección y toma de decisiones de los medios de comunicación. Impulsadas por el colectivo Latfem, estos encuentros contaron con la participación de diputadas, senadoras, dirigentes sindicales, investigadoras, periodistas y activistas de los feminismos vinculados a la comunicación.

Diversas organizaciones vienen denunciando el carácter estratégico de la presencia de otras voces, las nuestras, en la generación y presentación de contenidos en los medios. ¿Qué realidad se muestra a las audiencias si tenemos una participación minoritaria o directamente nula? ¿Cómo se garantiza el derecho a la comunicación si quienes constituyen más de la mitad de la población sólo participan, como máximo, de un 30 por ciento de la plana mayor de los medios? Tanto los datos del Proyecto Global de Monitoreo de Medios de 2016  (en breve se publicarán los resultados de 2020 y la situación parece no haber cambiado), como la investigación sobre Organizaciones de medios y género de 2018, de la Asociación Comunicación para la Igualdad, dan cuenta de esa desigualdad, tanto en la presencia como en la representación de las mujeres y otras identidades.

El 78 por ciento de los medios están dirigidos por varones. Sólo el 30 por ciento de las personas que trabajan en empresas periodísticas son mujeres, mientras que constituyen la inmensa mayoría (64 por ciento) entre las que estudian carreras vinculadas a la Comunicación. Está claro, faltamos en los medios. Y eso no es nuevo. Por citar sólo un ejemplo que puso en la escena pública esta discordancia: el artículo 3M de la Ley de Medios. En él, un grupo de organizaciones feministas impulsó una cuestión clave para la equidad de género. Ese artículo establece que uno de los objetivos de los medios de comunicación es “promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual”. Claro que para promover y salvaguardar ese derecho es indispensable la paridad. Una década después, la aplicación de este artículo todavía sigue pendiente.

Quizás la única buena noticia es que la presión de las feministas está dando resultado. En 2018 las investigaciones concluyeron: “ninguna empresa dispone de Oficina o Área de Género”. Un año después (en 2019) hubo una auténtica explosión de las editorías, áreas y comisiones de género en todo tipo de medios -tanto públicos como privados- a lo largo y a lo ancho del país. Y este año, el problema de la desigualdad en la comunicación tomó estado parlamentario.

La rosca, la generosidad, el pragmatismo

En los encuentros virtuales del invierno que pasó se debatieron las desigualdades, las reivindicaciones de cada persona o colectivo afectado por esta nula o escasa participación y se presentaron dos proyectos de ley de paridad en los medios de comunicación: el de la diputada Mónica Macha y el de la senadora Norma Durango. Dadas las preocupaciones comunes y las coincidencias en ambos se explicitó la voluntad de llegar a un consenso y presentar una sola iniciativa. Sin embargo, el Proyecto de la presidenta de la Comisión Banca Mujer, Norma Durango, avanzó en Senadores y -tras el debate en comisiones- se puso a consideración del plenario en el que se aprobó por unanimidad, el pasado jueves 8 de octubre.

El “Proyecto Durango”, que contó con el apoyo del colectivo Periodistas Argentinas, promueve la equidad en la representación desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada.

La propia Durango (Frente de Todos) aclaró su postura, según recogió El Parlamentario: “en un principio pensé esta iniciativa con el objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades para las mujeres en los medios, tal es así que fue fundamental el aporte del colectivo de Periodistas Argentinas. Pero el proyecto fue creciendo…Y fue cambiando en su forma pero no en su esencia, porque escuchamos a organizaciones de la comunidad involucradas con la temática. Por eso hoy hablamos de Equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación, por el trabajo en Comisión y en las plenarias, y porque receptamos esos aportes, es que pusimos el foco también en garantizar esa representación desde una perspectiva de diversidad sexual, por lo que en una proporción no inferior al 1 por ciento de la totalidad del personal, deberá estar representado por personas travestis, transexuales, transgéneros e intersex”.

En caso de ser aprobado por los diputados y las diputadas de la Nación, el proyecto de Equidad en Medios de Comunicación, se convertirá en Ley y en un intento histórico para corregir las desigualdades de género. En apretada síntesis, el “Proyecto Durango” establece que los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal quedan sujetos al régimen obligatorio y que hasta que la equidad en la representación sea garantizada, los puestos de trabajo en dichos medios serán cubiertos de manera progresiva, sin afectar los cargos originados, ni los concursos convocados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Además, para los prestadores privados (con o sin fines de lucro) se propone un régimen de promoción mediante el cual se emitirá un “certificado de equidad”, que les otorgará preferencia en la asignación de la pauta publicitaria oficial.

La iniciativa llegó a la Cámara Baja y, el pasado 12 de noviembre, obtuvo dictamen favorable de las comisiones de Mujeres y Diversidad (presidida por Mónica Macha) y de Comunicaciones e Informática (que encabeza Pablo Carro).

Oficialmente y en todos los ámbitos de militancia feminista, se aplaude la más que segura ley con calificativos como “Ley histórica”, “Fin de la discriminación por razones de género” y “Victoria del feminismo”, entre otras. Y es verdad. De aplicarse esta ley se avanzará a paso firme hacia la ampliación del derecho a la comunicación, que incluye la igualdad de género como condición de posibilidad.

Las razones por las cuales la diputada Mónica Macha (Frente de Todos) cedió -o al menos no insistió- con algunos puntos claves de su Proyecto que no están contenidos en el que ahora se encuentra listo para ser votado y convertirse en Ley, no se hicieron públicas. Fuentes cercanas a esa legisladora reconocen que hubo tensiones, pero afirman que lo importante es que la ley salga. Si se introducían modificaciones y el proyecto era devuelto al Senado, se corría el riesgo de retrasarlo o incluso de que fuera “cajoneado”. Por generosidad o pragmatismo, el concepto de paridad de Macha dio un paso atrás y se apoyó la equidad. Un concepto que en apariencia es más amplio y superador de las concepciones binarias de la realidad.

Según recoge el portal de noticias de la Cámara de Diputados, Mónica Macha explicó que se busca la paridad y la inclusión de otras identidades de género en los medios que pertenecen al Estado y se genera un régimen de promoción para que la equidad alcance a los medios privados. “Representar la participación de todos los géneros es una apuesta muy importante. Va a empezar a incluirse una perspectiva distinta de aquellas personas que van transitando su vida con otras identidades de género”, resumió. En tanto, el diputado Pablo Carro (Frente de Todos) dijo que se trata de “un avance sustantivo en la pelea que viene dando el colectivo de mujeres y las disidencias sexuales en diferentes ámbitos” y que “más mujeres al frente de los medios va a cambiar el modo en que percibimos la realidad”.

Dudas razonables, preguntas indispensables

“A nivel mundial, hay un 24 por ciento de mujeres en los medios de comunicación. Por eso es interesante este tipo de normas que, sin dudas, vamos a estar apoyando”, dijo la diputada Silvia Lospennato (PRO). Pero adelantó que la postura de Juntos por el Cambio será “acompañar el dictamen con disidencia parcial”. La diputada Romina Del Plá (Frente de Izquierda) también adelantó que acompañaría el proyecto pero manifestó diferencias con el texto y alertó “la inclusión de mujeres y diversidades no debe ser un barniz, es necesario que efectivamente se garanticen las condiciones para ello”. Por su parte, la diputada del Frente de Todos Jimena López, explicó: “esta ley posibilita empezar a fracturar el techo de cristal en el ingreso al trabajo y a los cargos directivos y tiene que ver con dejar de reproducir la histórica división sexual que hemos padecido las mujeres y las disidencias”.

La norma establece un plazo de dos años para la adecuación y una cláusula que prohíbe ampliar la cantidad de miembros con el objeto de alcanzar la paridad. Medidas similares de acción positiva se han desarrollado en todo el mundo y los resultados son alentadores, pero también -y así lo han indicado una y otra vez las organizaciones mundiales de periodistas- son inseparables de la lucha contra la precarización laboral -brecha salarial, contratación fraudulenta, desprotección en tareas de cuidado, violencia, etcétera- que afectan especialmente a las mujeres.

En cuando a las identidades sexogenéricas disidentes, la invisibilización ha sido prácticamente total. Recién este año, la Televisión Pública incorporó a la periodista trans Diana Zurco. En palabras de Mariana Carbajal (Página 12 y Red PAR) “es necesaria una ley de paridad de género y equidad en los medios para revertir este panorama, del mismo modo que fue necesario primero el cupo y después la ley de paridad para favorecer el ingreso de mujeres en las bancas legislativas”. Para Carbajal, los ejes fundamentales en discusión son “una representación justa en cargos, pantallas y micrófonos; protocolos de actuación en casos de violencia de género y capacitaciones continuas como establece la Ley Micaela, para evitar estigmatizaciones y discriminación en la construcción de las noticias y la cobertura de la información”.

Cupo, paridad, equidad, no son conceptos intercambiables; no quieren decir lo mismo, aunque formen parte de la caja de herramientas de uso posible en el camino hacia una producción informativa y comunicativa de la que tenemos que formar parte con una representación justa e igualitaria. El debate o las dudas alrededor de las leyes o iniciativas a favor del cupo se acaban cuando se demuestra, en la práctica, que sirven y que son un paso hacia la paridad. La equidad, en cambio, es un concepto impreciso.

Filosófica y sociológicamente el concepto de equidad ofrece una idea superadora que tiene que ver con una distribución justa, no siempre igualitaria, que contemple las diferencias. Pero en la producción legislativa, en particular a la hora de la reglamentación –que es donde cantidad de leyes se vuelven letra muerta- ¿cómo se concreta la idea de equidad? Una colega, pensando en voz alta, preguntó: “¿Cuántas mujeres; cuántas lesbianas; cuántas trans, marrones, gordes, indies, pobres…debemos incorporar para garantizar esa equidad?

Es muy probable que reivindicar el feminismo como proyecto político implique erigirse en blanco de críticas despiadadas. No pasa nada. La paridad es relativamente fácil de reglamentar y de controlar. Y seguramente, el camino más apto hacia una sociedad equitativa y feminista. Aunque sin un debate a fondo sobre la necesidad de la existencia de pluralidad de medios y, consecuentemente, sobre la democratización de la pauta para que llegue a todos -públicos y privados, radio, televisión y gráfica, e incentive la información no sexista y la participación colectiva en la producción y en la presentación- difícilmente se podrá avanzar en garantizar y ampliar el derecho a la comunicación.