“Eliminar el delito de aborto es lo menos radical”

“Eliminar el delito de aborto es lo menos radical”

Por Jimena Massa

La médica Ana Cristina González Vélez argumenta que la penalización es contraproducente e ineficaz. Y defiende la necesidad de un “debate razonable” en el ámbito sanitario y no penal.

“En la lucha por la legalización no hemos parado de sofisticar los argumentos”

Convencida de que el debate en torno a la legalización del aborto “es una conversación que debe tener lugar en el ámbito de la sanidad pública y no en el ámbito penal”, la médica colombiana Ana Cristina González Vélez, especialista en salud sexual y reproductiva, explica que eliminar el delito del Código Penal “es, en verdad, la alternativa menos radical”. 

Sostiene que la penalización de la práctica no ha logrado reducir la realización de abortos – en Colombia ni en ninguno de los países en que es ilegal – y, además, insiste en que mantenerlo como delito produce y reproduce desigualdades entre las mujeres. “Provoca un efecto más nocivo sobre las mujeres que ya están en desventaja: las menos educadas, las más pobres, las adolescentes. Es decir, las que no reciben una adecuada educación sexual, son víctimas de violencias y les resulta más difícil acceder a métodos anticonceptivos”.

Ana Cristina impulsa, junto con referentes de derechos humanos y líderes de opinión de su país, el movimiento Causa Justa, que promueve la despenalización del aborto en Colombia. “Venimos trabajando hace tres años en la construcción de arugmentos, porque tenemos argumentos de todo tipo para mostrar que este es un delito ineficaz y contraproducente, y que no tiene ningún sentido usar el derecho penal”. 

En febrero último, quienes defienden el aborto legal en Colombia acariciaron la esperanza de conquistar de ese derecho, ya que la despenalización parecía haber ganado un alto consenso social. La decisión estaba en manos de la Corte Constitucional de ese país, que debía decidir entre despenalizar el aborto en las primeras 16 semanas de gestación, sin condicionamientos, o dejarlo tal como está desde 2006, legalizado solo bajo tres causales  (peligro para la vida o para la salud de la mujer, malformación del feto o violación). 

Las esperanzas de legalización surgidas a inicios de 2020 se desvancieron cuando el tribunal decidió no pronunciarse, argumentando razones jurídicas, y dejar vigente la legislación por causales. Con una votación de seis magistrados contra tres, la Corte no acogió la ponencia del juez que pedía despenalizarlo y, en cambio, consideró que las demandas que originaron esta discusión no contaban con los requisitos jurídicos mínimos.

Pocos días antes del dictamen de la Corte, Ana Cristina estuvo en Córdoba y, expectante, manifestó: “En Colombia hay una opinión pública muy mayoritaria, que la pueden ver reflejada en los principales periódicos del país, respecto de que el aborto no debería ser delito y de apoyo a la legalización para un cierto período de gestación”. Y agregó: “Somos muchos los que creemos que esta conversación debe tener lugar en la sanidad pública y no en el ámbito penal”. 

El pedido judicial de despenalizar el aborto se apoyó, entre otros argumentos, en las innumerables barreras que las mujeres colombianas siguen enfrentando para acceder a la interrupción legal del embarazo, justificado por causales. Esos obstáculos, que ponen en riesgo la salud de las mujeres, han sido denunciados por organizaciones internacionales y de derechos humanos. 

“Hicimos un estudio en el país e identificamos tres grandes grupos de barreras de acceso: el desconocimiento del marco legal, la interpretación restrictiva de las causales (el/la profesional tiene una interpetación restringida del concepto de salud o cuestiona la existencia de la violación porque no coincide la fecha gestacional) y las fallas en la prestación del servicio sanitario (desde falta de protocolos y de rutas de acceso hasta profesionales que no proveen medicamentos para el dolor o tildan a las mujeres de asesinas). Creemos que hay un sustrato común a todas estas barerras que es el estigma en torno al delito de aborto”, explicó Ana Cristina.

Los movimientos contrarios a la legalización del aborto también exhibieron sus argumentos en la controversia. En febrero Colombia se dividió entre atacantes y defensores de una mujer que fue autorizada a abortar en el séptimo mes de gestación porque padece depresión, y cuya historia salió a la luz cuando su ex pareja la denunció y ventiló públicamente su situación. Eso implicó que la decisión íntima de la mujer quedara expuesta en los medios y fuese blanco de opiniones antagónicas de todo tipo.

El caso es un ejemplo, según explica Ana Cristina, de que la penalización del aborto es ineficaz, ya que “cuando una mujer toma la decisión de interrumpir el embarazo no le importa que medio país esté en su contra; tiene razones tan profundas que no es relevante cuánto la maltraten o la amenacen”.  El hecho de que el aborto sea delito, explica, “no ha detenido la práctica milenaria del aborto; es una práctica que ha acompañado siempre la vida de las mujeres y lo seguirá haciendo”. 

La polémica espectacularizada del caso colombiano muestra, además, “la facilidad con que un sector de la sociedad pone en tela de juicio la dignidad y la decisión de una mujer”. En ese sentido, insiste en la importancia de considerar las razones íntimas de cada una: “Nosotras defendemos que las mujeres no abortan sin razón; siempre existe una razón y ésta debe ser considerada”.

– Pero el escenario de polarización torna dificil entender esas razones…

El escenario de la penalización deja a todo el mundo vulnerable e inseguro, mientras que todos podríamos convivir en una sociedad en la que el aborto no sea un delito. Nadie va a forzar a una mujer a abortar si no quiere, pero tampoco queremos que nadie fuerce a una mujer a llevar adelante una maternidad que no desea. Creemos que eliminar el delito de aborto es lo menos radical, y para discutirlo queremos un debate razonable, sin forzar la polarización.

–  ¿Qué significa “un debate razonable”?

Significa plantear una conversación transparente, argumentada, acerca de lo contraproducente que es la persistencia de este delito de aborto. En la lucha por la legalización no hemos parado de construir argumentos, de sofisticar los argumentos, de diversificar las estrategias y los objetivos de cambio. No hemos parado de construir alianzas y, a la vez, de cierta manera, es el tema con menos éxito a la hora de quedar plasmado en la política pública.