El núcleo duro de las leyes

La producción legislativa argentina es rica en materia de protección a los derechos humanos y, en algunos casos, como ocurre con la ley de Protección Integral a las Mujeres (26.485) o la ley de Identidad de Género (26.743), es ejemplo en el mundo entero, que los movimientos feministas y de la diversidad luchan por imitar.

Los tratados y convenciones internacionales sobre Derechos Humanos, que en Argentina gozan de jerarquía constitucional, protegen la comunicación como un derecho y limitan las expresiones de odio.

La Convención Americana de Derechos Humanos reconoce la libertad de expresión como uno de ellos: “Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.

Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda apología de odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.

Estos derechos también se expresan en leyes de producción local, como la de Penalización de Actos Discriminatorios, que eleva los montos de las penas cuando el delito (cualquiera fuese) sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Otro tanto aportan las leyes de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres; la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y la ley  Micaela (27.499), de capacitación obligatoria en materia de género para adoptar la perspectiva en el tratamiento mediático.
La ley de Protección Integral define las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres, en los diferentes ámbitos. La violencia mediática, por ejemplo, es definida como “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra su dignidad”. También condena la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas; y la construcción de patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia.

Y por supuesto, la ley de Medios (ver Cuando decir es hacer).