Discursos de odio: ¿quién le pone el cascabel al gato?

Discursos de odio: ¿quién le pone el cascabel al gato?

Arriesgar una conclusión única acerca de cuál es el límite entre los llamados discursos de odio y el ejercicio de la libertad de expresión puede derivar en restricciones al derecho a la comunicación o directamente en censura. No parece ser el camino, pero tampoco hay certezas sobre qué hacer.

Por Gabriela Weller

Los últimos años dan cuenta de una especial injundia discursiva contra los derechos que reclama el movimiento de mujeres. Una pelea por el sentido común que se libra en todos los terrenos sociales, pero especialmente en el campo simbólico de los feminismos. Entre los discursos y los contradiscursos, por citar sólo un ejemplo, las feministas son tildadas de feminazis, al mismo tiempo que los autodenominados sectores “pro vida” son renombrados como los antiderechos.

Pero es una batalla desigual, debido especialmente a la concentración de la propiedad de los medios, la penetración de las redes sociales y la capacidad de movilización popular. Esos son los tres escenarios fundamentales en los que se juega el derecho a la comunicación, con el dilema acerca de qué hacer frente a la desinformación / fake news y las eternas dudas acerca de los límites de la regulación. Con una particularidad de la que ya se ha hablado hasta el cansancio: en el ecosistema actual de medios, las redes sociales y todos los contenidos disponibles en la internet se han vuelto fuentes; tanto para la gente como para los propios medios. Como dice la periodista y escritora Mariana Moyano, la idea de la prensa tradicional como cuarto poder ha muerto.

Odio sin barreras

El discurso de odio puede ser definido como un discurso muy específico, que no estaría protegido por la ley y cuyas características principales son la incitación a la violencia contra determinadas personas por el hecho de pertenecer a algún grupo social: mujeres, LGBTIQ+, negros, pobres y toda otredad que cuestione la norma. La investigadora del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, María Soledad Segura, insiste en pensar más allá de la acepción jurídica y se concentra en el uso popular. “En su acepción social, en general hablamos de discurso de odio para referirnos a todo tipo de discurso extremo, violento, discriminador, que difunde ideas racistas, xenófobas, misóginas, homofóbicas… pero esta popularización del término se presta también para referirnos a aquellos discursos polémicos sobre lo que a cada quien le parece violento o no querría escuchar”.

Estudiosa del amplio campo de la comunicación, Segura advierte sobre la producción o reproducción de los discursos de odio en los medios tradicionales y a través de la red. “Sin duda los medios tradicionales y muchos de sus comunicadores construyen y difunden estos discursos de odio, y se tematizan aún más a partir de su difusión por las plataformas digitales de redes sociales, pero tampoco son un fenómeno propio de la era de internet. Siempre han existido e históricamente se han valido de los medios técnicos al alcance en cada coyuntura”.

Para la investigadora, “en los medios de Argentina el caso paradigmático puede ser el de Baby Etchecopar, que desde los años ’90 hasta ahora mantiene su presencia en medios y horarios de altísima audiencia. En Radio 10, América 24 o Radio Rivadavia, desplegaba y despliega este tipo de discursos; es un ejemplo extremo de una ideología autoritaria, de extrema violencia y de odio de todo tipo”. Efectivamente, son discursos discriminadores muy explícitos, desenfadados, aceptados y hasta aplaudidos por parte de la audiencia.

Soledad Segura comunicadora, docente e investigadora UNC – Concet

Por eso Segura invita a pensar el problema desde la aceptación social: “No es sólo que este discurso exista y tenga un espacio en medios importantes, si no que mantiene e incrementa el rating; incluso aporta popularidad a los programas a los que asiste como invitado”. En la eterna competencia entre Canal 13 y Telefé, por ejemplo, la presencia de Etchecopar en la mesa de Mirtha Legrand inclinó la balanza en favor del programa del 13, últimamente conducido por Juana Viale, que se impuso sobre Podemos hablar, de Andy Kusnetzoff. ¿Cómo logra esa audiencia? Vomitando odio. ¿Tanta gente lo aprueba? No es seguro, más bien funciona una combinación de adhesión y morbo.

Como si los discursos de odio no fueran de por sí un género difícil de abordar o regular, hay situaciones limítrofes en el terreno del humor, la parodia, la ironía. Desde los dichos de Jorge Lanata sobre la viceministra de Salud Carla Vizzotti, riéndose de su cambio de look, hasta la demanda judicial de Cecilia Pando contra la portada de la revista Barcelona. Y en el contexto internacional, difícil olvidar el atentado contra la mítica revista Charlie Hebdo, en Paris, en enero de 2015. Desde su fundación en 1970, la revista francesa ironizó y parodió a medio mundo, incluido el líder espiritual de la religión musulmana. Al Qaeda reivindicó el atentado en la redacción de la publicación, en el que doce personas fueron asesinadas. Resuenan las palabras de Segura: ¿quién decide qué discursos ofenden, cuáles son los límites a la libertad de expresión, cómo responder ante las prácticas discursivas discriminatorias? Hay respuestas más creativas –los tetazos, por ejemplo, cuando se critica que una mujer amamante en público– y otras tradicionales, vinculadas a la punición.

Qué hacer con tanto odio

Segura se inclina por reconocerle al Estado un papel central en la regulación. “Pero no es la única regulación que existe, también hay condicionantes relacionados con la propiedad de los medios, directamente vinculada a la pauta publicitaria y el rating. Los medios comerciales son mucho más amigables con la producción y reproducción de los discursos de odio, mientras que los llamados medios alternativos jugarían el rol opuesto”. Y recuerda, además, que frente a la aparente neutralidad de las plataformasdigitales, existen los algoritmos y las moderaciones internas de las redes.

Desde la perspectiva de la comunicación como un derecho humano, las restricciones a la libertad de expresión tienen que ser muy pocas, por muchas razones. En términos jurídicos, puede decirse que la respuesta a esta violencia discursiva no se puede llevar puestos otros derechos, ni debe ser meramente reactiva. Segura rechaza la idea de acabar con los discursos de odio a través de la censura, y piensa que las regulaciones deben mínimas, por razones políticas, estratégicas y prácticas. “Desde la política, hay que recordar que la libertad de expresión está en el corazón de la democracia y es esencial para la protección, ampliación y defensa de otros derechos, sociales, económicos, políticos, culturales, etc. Sin derecho a comunicar no tenemos posibilidades de expresarnos en el espacio público; hay que sopesar muy delicadamente qué se gana y qué se arriesga al sancionar o prohibir”.

También piensa que las limitaciones tiene que ser pocas por razones estratégicas. “Si lo que queremos es que esos discursos circulen menos, la prohibición o limitación puede ser contraproducente, porque se destaca, se realza aquello que se pretende combatir y se promueve de alguna manera la autovictimización del odiador; ese victimario que conjuga muy bien su agresividad con su susceptibilidad, y tiene efecto boomerang, pone a circular más todavía esa violencia que se pretendía acallar”. Pero también por razones prácticas, porque “limitar no serviría de mucho, en la medida en que estos discursos circulan con mucha velocidad en las redes sociales y logran alto rating en los medios tradicionales, lo que demuestra que están expresando algo que es importante para una parte de la audiencia. Una parte de la sociedad está adhiriendo; es decir, estos discursos en parte promueven y en parte refuerzan lo que ya existe. En la respuesta civil o penal estatal y también en las restricciones comerciales debería ser innegociable el principio de la no censura”.

Finalmente, la investigadora advierte sobre el que muy probablemente sea el centro del problema. “Creo que estas respuestas punitivas muestran enormes limitaciones, porque los discursos de odio son un problema social que arrastra el debate público hacia lo más elemental y rudimentario. El derecho penal llega cuando la sociedad y la política han fracasado”.

Cuánto debemos tolerar al que es intolerante; cómo combatir los discursos antiderechos o cómo conversar con un fascista, son preguntas que están en el centro de la reflexión teórica nacional e internacional. Una de las más frecuentes es ¿con qué medidas vamos a enfrentar a los discursos intolerantes, más allá de lo punitivo? “Hay quienes impulsan responder a los discursos de odio con más producción y mejor calidad discursiva, porque los odiadores fundan sus discursos en noticias falsas, ignorancia o discursos anticientíficos. Segura desconfía: “Responder en redes sociales, puede potenciar la penetración de esos discursos; pero además, dada la naturaleza de la adhesión al odio y la discriminación, que es esencialmente emocional, dudo mucho que se pueda combatir desde lo racional”.

Dice la investigadora que desde el punto de vista estricto de la comunicación pública, “el mal discurso se combate con más y mejor discurso. Hay que apostar a fortalecer la calidad del debate público, a que haya otras voces y que estas nuevas opciones sean respetadas, legitimadas, que se divulguen; hay que promover la calidad de la confrontación”. Y apuesta a la educación, en sentido amplio: “No sólo la educación formal sino las instancias educativas informales junto a las organizaciones sociales, y también las campañas de sensibilización desde el Estado o desde organismos no gubernamentales”.

Argentina cuenta con algunas instituciones importantes como la Defensoría del Público, para promover emociones democráticas, de respeto, de empatía. “Si logramos instalar que no sea socialmente aceptable el hostigamiento a otro, otra, otre, por su género, por su país de origen, por su ideología, por el color de su piel, los discursos de odio se volverían inviables, no serían expresables públicamente”, afirma Segura.

La reflexión teórica coincide en que más que preguntarnos cómo evitarlos, hay que pensar en cuáles son las posibilidades de aceptabilidad de los discursos de odio. Por eso la investigadora se pregunta “qué pasa con estos contravalores que tienen tanta extensión en nuestra sociedad; cuáles son los niveles de violencia y desigualdad que hacen que estos discursos sean atractivos y  qué podemos hacer con eso”. La respuesta podría venir de la mano de un punto de vista más amplio, desde lo sociopolítico: “La demanda es solucionar inequidades e injusticias y promover la integración social en diversos ámbitos. Somos una sociedad crecientemente segregada, y esto no facilita el debate democrático, constructivo y de calidad”.

Censura o restricciones razonables

Lo cierto es que frente a un tuit, un posteo o un comentario misógino, es difícil pensar en respuestas amigables y/o pedagógicas. Aún sabiendo que la censura no le conviene a nadie, es imposible no preguntarse qué hacer con los discursos de la caverna.

María Julieta Cena, abogada e investigadora en
Derechos Sociales, UNC-Conicet

La abogada María Julieta Cena, magister en Derecho especializada en argumentación, forma parte de un equipo de la Universidad Nacional de Córdoba que investiga derechos sociales. Consultada acerca de esta tensión entre la libertad y la censura, suspira. Se toma un tiempo para pensar y responde: “La libertad, en cualquiera de sus facetas, no está exenta de restricciones y en ese contexto las expresiones de odio funcionan como límites a la tutela constitucional de la libertad de expresión. Ahora bien, ¿cuál es el borde entre una expresión de odio y el ejercicio de la difusión de determinadas ideas? Si estamos de acuerdo en que la censura es indeseable, ¿cómo marcar la diferencia entre una censura arbitraria y una restricción razonable?”.

Precisamente esa es la pregunta que ocupa a muchas feministas, en el intento de pasar de la bronca a la reflexión, para encontrar caminos de respuesta a los discursos de odio. Una concepción netamente liberal de los derechos “imposibilita un análisis colectivo de los mismos y representa a los Estados como figuras neutrales que deben dejar hacer ocultando que este tipo de posición es funcional al statu-quo e invisibiliza las relaciones de poder y el impacto que tienen las estructuras socio culturales”, afirma Cena. Y agrega: “Vivir en democracia implica aceptar que hay diversos modos de vida, todos igualmente respetables, especialmente en sociedades complejas y plurales. Sin embargo, algunas expresiones tienen un contenido discriminatorio dirigido a negar o estigmatizar las subjetividades o derechos de otras personas y sus planes de vida”.

La abogada piensa, además, que “hay ámbitos donde el Estado puede y debe regular expresiones a los fines de evitar la creación de atmósferas que sean proclives a la discriminación, y otros ámbitos donde, en cambio, no es deseable que sancione en aras de conservar la pluralidad”. Así, el Estado debería poder restringir las expresiones en determinados espacios institucionales por la legitimación social y el potencial multiplicador que tienen ciertas voces. Peroes distinto cuando el discurso sucede en un espacio informal, como una opinión política o ideológica. “Por consiguiente -agrega- no es lo mismo la posibilidad de regular que tiene la ley cuando la manifestación es expresada por unx ciudadanx común en sus redes sociales, como cuando lo hace unx docente en la escuela, funcionarixs públicos en el ejercicio de sus funciones, jueces/juezas e incluso periodistas en su rol de comunicadorxs sociales”.

La investigadora alerta, además, sobre la necesidad de pensar en el efecto sociocultural de los discursos de odio, muchas veces deseado por quien lo manifiesta. “Más allá del análisis estrictamente legal, los discursos que reproducen estereotipos discriminatorios que estigmatizan a las personas por su condición sexogenérica, nacionalidad, raza, religión, clase social o ideología, tienden a disminuir el sentimiento de dignidad de ese grupo, limitando su participación completa en actividades civiles e incluso los debates públicos”.

En ese sentido, Cena afirma que “las manifestaciones vertidas en redes sociales o en conversaciones coloquiales nunca son inocuas y tienen la potencialidad de resquebrajar los tejidos sociales necesarios para una verdadera democracia en la que todas las personas puedan participar, todas las voces sean consideradas y todos los planes de vida sean desarrollables”.

La abogada y la comunicadora coinciden en que el problema no es sólo qué se dice sino fundamentalmente su raiz e impacto social. “Se trata de ir más allá del punitivismo y la cancelación -dice Cena-. Prohibir las disidencias sólo conduce a ocultar los conflictos, no a solucionarlos”.

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