Contar los femicidios: muchas cifras y pocas certezas

Contar los femicidios: muchas cifras y pocas certezas

Dispersión de datos, diversidad de criterios, multiplicidad de registros y evaluaciones mejor o peor intencionadas que deciden qué se computa y qué no como femicidio. Una mirada sobre la construcción conceptual de la máxima violencia hacia las mujeres y las dificultades para obtener información certera como insumo de las políticas públicas.

Por Pate Palero

María Soledad Morales, Nair Mustafá, Liliana Tallarico, Leila Nazar, Adriana Rodríguez, Natalia Melman, Adriana Muñiz… La primera vez que sus nombres estuvieron reunidos fue el 25 de noviembre de 2004, en la vereda que recorre calle 8, entre 50 y 51 de la ciudad de La Plata. De una esquina a la otra, sus identidades y las fechas en que habían sido asesinadas quedaron colgadas en cartelitos que se balanceaban en las cruces clavadas en los jardines de Tribunales Federales.

Fue la primera acción colectiva organizada por la Casa de la Mujer “Azucena Villaflor”. Hasta el 2004, esas identidades sonaban en la opinión pública como “casos” sueltos, aislados, particulares. Pero algunas militantes empezaron a marcar en agendas y sucesivos cuadernitos las fechas de las muertes y los datos que recolectaban en la prensa. Desde el interés militante, la empatía y la necesidad de encontrar algunas explicaciones. Nombre, edad, fecha, lugar, victimario… Una de ellas fue la periodista Gabriela Barcaglioni, que se dio la tarea de empezar a contabilizarlas, a rastrearlas por los medios de todo el país, consultando con colegas del interior. Junto a ella, investigadoras y militantes feministas instalaron la necesidad de visibilizar la violencia de género con nombre propio: femicidios.

Los crímenes pasionales no existen

En el año 2008 la Asociación Civil “La Casa del Encuentro” produjo el primer “Informe de Femicidios en Argentina”, y en el 2009 conformó el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, con la dirección de Ada Beatriz Rico. Durante 10 años se realizaron informes tendientes a generar propuestas de incidencia en políticas públicas y legislativas.

Luego llegó la sanción de la ley de Protección Integral a las Mujeres (26.485), en 2009, y con ella la incorporación de diferentes artículos sobre la necesidad de relevar y sistematizar la información relativa a la violencia por razones de género: en el artículo 9, incisos k, l y m, habla de la necesidad de unificar criterios, cruzar datos con las diferentes jurisdicciones y poderes del Estado, etcétera.

En su capítulo IV se refiere específicamente a la creación de un Observatorio (artículos 12, 13, 14 y 15), mientras que en el artículo 37 insta a la Corte Suprema de Justicia a llevar “registros sociodemográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia previstos en esta ley”.

La Ley cumplió diez años. Y el primer observatorio argentino presentó un libro en el que sistematiza su experiencia en el relevamiento de las violencias extremas. Entre tanto, hoy existe casi una decena de equipos -sumando los que dependen del Estado y los conformados desde organizaciones de la sociedad civil- que registran periódicamente los datos de femicidios. 

¿En qué medida esta abundancia de información mejoró los diagnósticos? ¿Los diferentes criterios seguidos por cada entidad favorecen el diseño y evaluación de políticas para la erradicación de las violencias? ¿Hasta dónde la proliferación de datos –dispares en su metodología de recolección, análisis y/o presentación– colabora con la visibilidad rigurosa del problema? Pero, además: las fuentes y metodologías empleadas en cada caso ¿son suficientes, pertinentes y articuladas?

Encuentro Nacional de Mujeres – La Plata, 2019; «Presentes» (Foto: Luna Albrichi)

Además de los cinco registros y observatorios creados en el ámbito del Estado, tres organizaciones sociales se sumaron a la tarea iniciada por el Observatorio «Adriana Marisel Zambrano», cada una con sus propias metodologías y criterios. Un dato ilustrativo puede resultar el comparativo de las cifras publicadas por algunas de estas entidades para 2019 (ver cuadro abajo).

Esta dificultad no es exclusiva de nuestro país. En la región «hay al menos 16 criterios diferentes y recurrentes» para identificar un femicidio/feminicidio y, a su vez, cada país «brinda datos de diversas maneras». Así lo confirmó la especialista Silvana Fumega, de Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA) en una entrevista concedida a Silvina Molina, de Télam.

¿Qué ven cuando nos ven?

En Argentina, la ley 26.791 introdujo reformas en los incisos 1°, 4°, 11° y 12° del artículo 80 del Código Penal, que establece: “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare”. El inciso 1° incluía sólo a parejas casadas, pero la reforma incorporó todos los vínculos de pareja, vigentes o concluidos, haya mediado o no convivencia. La versión actual indica: “A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”. 

Sin embargo, la norma mantiene una terminología neutra en términos de género, por lo que el género del autor y de la víctima es irrelevante a los efectos de su aplicación. 

A su vez, el inciso 4º se modificó para ampliar el catálogo de crímenes de odio, tutelando a grupos especialmente victimizados por cuestiones de género y orientación sexual. Así puede leerse: “Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”. Su formulación también es neutra en términos de género.

Es en el inciso 11º en donde se reconoce la figura de “femicidio”, aunque no es nombrada como tal: “A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

Este tipo se caracteriza por su formulación diferenciada en función del género del agresor y de la víctima: se trata de un delito que sólo puede cometer un varón contra una mujer. Además, incluye la violencia de género como elemento definitorio del delito para comprender todos los homicidios de mujeres perpetrados por varones que reflejan la desigualdad de poder estructural existente entre ambos grupos.

Por último, el inciso 12º describe el femicidio vinculado: “Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1°”. Su inclusión pretendió abarcar la muerte perpetrada para castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual se ejerce la dominación. Sin embargo, su formulación es también neutra en términos de género, por lo que podría ser aplicado tanto a varones como a mujeres que realicen la conducta descripta en el tipo.

El documento sobre estas modificaciones, publicado por la propia Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), hace un llamado de atención sobre la persistencia de la aplicación restrictiva del enfoque de género: “En la jurisprudencia analizada se reflejan de manera abrumadora casos cometidos en el ámbito de pareja o intrafamiliar. No obstante, de este universo, gran proporción de homicidios de mujeres fueron agravados sólo por el vínculo, sin visibilizar el componente de violencia de género presente en esos crímenes. Esto parece indicar que, en muchos casos, los esfuerzos de los operadores se limitan a la comprobación del vínculo entre el agresor y la víctima, sin avanzar en la investigación del contexto de violencia de género en que se produjeron los crímenes ni de la posible motivación de los crímenes por odio de género. Ello pone en evidencia una aplicación restrictiva de la figura de los homicidios agravados por género”.

En el diario no hablaban de ti

Tal como hace más de 15 años, los medios siguen teniendo un rol fundamental a la hora de registrar los femicidios. Son la fuente privilegiada de los observatorios de la sociedad civil. Y también integran los registros de la Unidad de Registro del Ministerio de Justicia.

En este sentido, la visibilidad que adquiere cada caso, la posibilidad del entorno de la víctima de acceder a la prensa, el enfoque y tratamiento que adquiera por parte de periodistas y medios serán claves para que esa muerte sea analizada –y por lo tanto, contabilizada– con perspectiva de género.

Encuentro Nacional de Mujeres – La Plata, 2019; «Muestra plástica en ADULP»
(Foto: Luna Albrichi)

El otro flujo de información es el que brindan los análisis de las causas judiciales, cuando son registradas por el Observatorio de la Corte Suprema. Una vez más, dependerá de cómo los y las operadores judiciales interpreten la expresión “mediare violencia de género”.

Estas condiciones son las que terminan provocando ambigüedades en la información, relativizando conceptos e invitando a que cada equipo tome sus propias decisiones respecto a criterios y categorías a la hora de realizar sus informes.

Esto sin mencionar los numerosos casos que quedan en ciertos limbos, como algunos mencionados en el informe del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo. Limbos derivados del desigual tratamiento judicial, de las modalidades específicas y los contextos diferentes en los que se producen los femicidios y de la insuficiente cantidad de datos con que se cuenta en algunos casos.

La violencia de género muy pocas veces es lineal; siempre está atravesada de situaciones de vulnerabilidad, complejidades sociales, afectivas, culturales. En ese mapa, se hace mucho más necesaria la mirada interdisciplinaria pormenorizada y articulada entre Estado y sociedad civil. No es lo que parece advertirse hasta aquí.

Usted preguntará por qué contamos

La situación en Córdoba parece haberse congelado en 2004. Ante cada hecho de violencia extrema que afecta a una mujer, las redes de periodismo feminista se activan para confirmar datos: ¿es femicidio?, ¿cuántos van?, ¿está caratulado? Si bien hay chequeos off the record con las fuentes oficiales, lo que se termina publicando como dato informativo es el “conteo propio”. 

La persistente modalidad artesanal en la contabilización de los femicidios ha motivado incluso debates en círculos periodísticos sobre la necesidad de motorizar pedidos de Información Pública para conocer cuáles son los equipos, los instrumentos y los registros a partir de los cuales el Gobierno evalúa la evolución de la violencia de género en la provincia.

La información oficial circula por redes, parcial y ocasionalmente. La concentración del poder local (político y mediático) es hoy la principal barrera para la constatación de datos y para el monitoreo de la eficiencia de la política pública.

Así, ante cada nuevo caso, todos los llamados terminan confluyendo en la Policía de Córdoba, que funge como fuente más ordenada y actualizada, pero que carece de cualquier especialización metodológica comprobable en perspectiva de género.

Desde la Oficina de la Mujer del Poder Judicial cordobés se ofrece un análisis de mayor calidad conceptual, pero los datos llegan a año cumplido. Cuando está en juego la vida de las mujeres, las estadísticas requieren de una urgencia y una rigurosidad que Córdoba aún no tiene. 

Encuentro Nacional de Mujeres – La Plata, 2019; «Muestra plástica en ADULP»
(Foto: Luna Albrichi)

Violencia y pandemia en Córdoba y Argentina

El 2020 está concluyendo y los distintos registros y observatorios han proporcionado diferentes datos que ilustran las particularidades y la gravedad que siguen caracterizando a sociedades que toleran la violencia contra las mujeres.

Además de los espacios institucionales mencionados, este año “La Vaca” creó un registro público y autogestivo de la violencia patriarcal, denominado “Observatorio Lucía Pérez”.

Así, con coincidencias y diferencias, medios y observatorios siguen retroalimentándose para dar cuenta de un escenario que continúa siendo espeluznante. Así lo muestran las cifras nacionales de 2020:

  • Observatorio “Marisel Zambrano” (Casa del encuentro), de marzo a noviembre: 175 femicidios (171 directos y vinculados de mujeres y niñas), 11 vinculados de varones y niños, 4 transfemicidios.
  • Mumalá, de enero a octubre: 227 femicidios (200 directos, 11 vinculados de niñas/mujeres, 12 vinculados de niños y varones, 4 trans/travesticidios). Además, otros 48 en investigación.
  • “Ahora que sí nos ven”, de enero a noviembre: 265 femicidios
  • Observatorio “Lucía Pérez”, de enero a octubre: 231 femicidios, 89 transfemicidios y 30 crímenes en investigación sospechados de femicidios.
Encuentro Nacional de Mujeres – La Plata, 2019; «Calles seguras»
(Foto: Luna Albrichi)

En Córdoba, el listado tiene variantes según lo presenten el Movimiento NiUnaMenos, la Red PAR y periodistas de los SRT y La Voz del Interior, y Mumalá. La perspectiva más inclusiva (que podría sintetizarse en algo como “toda muerte violenta de una mujer en contexto de desigualdad de género es femicidio hasta que se demuestre lo contrario”) reúne, hasta el 9 de diciembre, 16 nombres. Dieciséis proyectos truncados por la violencia machista:

  1. Claudia Correa, 44 años (19 de enero de 2020 en La Falda) 
  2. Cecilia Guendulián, 41 años (caratulada como suicidio, 14 de febrero de 2020 en Córdoba)
  3. Elena Mercedes Luna, 41 años (17 de febrero de 2020 en Villa María)  
  4. Mariela Natalí, 44 años (18 de febrero de 2020, Capilla del Monte)
  5. Denise Vergara, 30 años (9 de marzo de 2020 en Villa del Totoral) 
  6. Gisela Cecilia Basaldúa, 35 años (18 de abril en Capilla del Monte)
  7. Beatriz Karina Bustos, 49 años (10 de mayo de 2020 en Córdoba)
  8. Verónica Tottis, 44 años (4 de junio de 2020 en Villa del Rosario)
  9. Mónica Viviana Ordóñez, 34 años (5 de agosto de 2020 en Río Cuarto)
  10. Alida Pafián, 50 años (4 de setiembre de 2020, Arias)
  11. Juana Valdez, 43 años (14 de septiembre de 2020 en Colonia Caroya)
  12. Laura Taborda, 44 años (30 de setiembre en Córdoba)
  13. Thiago Reyna, 9 años (femicidio vinculado del 28 octubre en Capilla del Monte)
  14. Niña de Colonia Agüero, 8 años (con signos de abuso, 22 de noviembre de 2020)
  15. Melanie Amaya, 22 años (caratulada como suicidio, 29 de noviembre de 2020 en La Carlota)
  16. Eva Pereyra, 46 años (6 de diciembre de 2020 en Los Cóndores)

Presentes. Ahora y siempre.

El Estado cuenta

En coincidencia con el surgimiento del movimiento “Ni Una Menos”, el Estado Nacional creó la “Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y de Homicidios Agravados por el Género”, bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que tuvo a cargo la cordobesa Ana “Pipi” Oberlin.

Actualmente la Unidad se encuentra en la órbita de la subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, a cargo de Andrea Pochak, quien viene de integrar el gabinete de la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y fue directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En los portales oficiales, la Unidad enuncia entre sus tareas actividades cuantitativas como “el relevamiento mediático, el análisis de expedientes judiciales, el cruce de información con organismos del Estado (sobre todo del Poder Judicial, tanto nacional como provinciales) y la cooperación con ONGs que trabajen en la temática”. Asimismo, cualitativamente se propone realizar “entrevistas en profundidad tanto a familiares y personas del entorno de las víctimas como a profesionales del ámbito de la salud, la justicia, los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas”.

Por su parte, en el mismo año, la Corte crea el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) que releva datos estadísticos de las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans y travestis por razones de género. La dirección técnica se encuentra a cargo de Fernando Ramírez y Diana Maffía; depende de la Oficina de la Mujer, a cargo de Elena Highton de Nolasco y cuenta con la colaboración de todas las jurisdicciones del país, que desde entonces aportan la información relativa a las causas, las víctimas y los agresores.

Por su parte, en 2016, la Defensoría del Pueblo de la Nación creó su propio Observatorio de Femicidios, “con la finalidad de reunir, producir, elaborar, sistematizar, analizar y comunicar datos e información sobre femicidios ocurridos en Argentina”, destacando la necesidad de generar estadísticas de género para diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer.

Mientras tanto, en el año 2018 se conocieron cifras del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM) relevadas por el INDEC entre 2013 y 2018. El RUCVM fue transferido en octubre de 2019 al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) que durante la gestión de Mauricio Macri condujo Fabiana Túñez, quien había conducido La Casa del Encuentro.

En mayo de este año el recientemente creado Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad dispuso la creación del Observatorio de las Violencias y Desigualdades por razones de Género y designó a su cargo a Raquel Vivanco, quien hasta ese momento dirigía el Observatorio “Ahora que sí nos ven”.

CUADRO COMPARATIVO DATOS 2019

Crímenes de odio

La incidencia de las violencias machistas también se mide en los datos que ofrece el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+. Este registro, para el primer semestre 2020, contabilizó 69 crímenes de odio en los que la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto para la vulneración de derechos y la violencia.

De este número, el 78 por ciento de los casos corresponde a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros); en segundo lugar, con el 16 por ciento se encuentran los varones gays cis; en tercer lugar, con el 4 por ciento de los casos, siguen las lesbianas; y por último, con el 2 por ciento, los varones trans.

A su vez, de esta cifra, 32 corresponden a asesinatos (3 mujeres trans y 3 varones cis gays), suicidios (2 mujeres trans) y muertes por ausencia estructural del Estado (24 mujeres trans); y 37 corresponden a lesiones al derecho a la integridad física (violencia física que no terminó en muerte).

Al respecto, este Observatorio expresó: “En el contexto de crisis económica y sanitaria actual, gran parte de lxs habitantes de nuestro país vieron sus ingresos sensiblemente reducidos. Pero esta situación en la población trans se maximizó enormemente, ya que la mayoría ejerce el trabajo sexual como única forma de subsistencia, junto con otras prácticas de la economía informal. Al no poder salir a la calle, se genera un efecto en cadena: sin dinero, les falta el alimento y no pueden pagar el alquiler, por lo tanto, quedan desprotegidas y con el riesgo permanente de ser desalojadas”.

Por su parte el Ministerio Público Fiscal indicó ya en el 2016 que la “ausencia de sentencias referidas a femicidios no íntimos y crímenes de odio por género y orientación sexual, podría indicar una sub-representación de este tipo de casos en la jurisprudencia. Así, colectivos altamente vulnerabilizados por género casi no aparecen en las sentencias; tampoco los hechos cometidos fuera del marco intrafamiliar (…). En este sentido, podría estar operando una aplicación restrictiva de las agravantes por género, al circunscribir la violencia y el odio de género al ámbito privado”.

Referencias:

Datos de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de  Femicidios y Homicidios agravados por el género

“Homicidios agravados por razones de género: femicidios y crímenes de odio”. Unidad Fiscal especializada en violencia contra las mujeres del Ministerio Público Fiscal