ARGENTINA: Desde socorristas exigen que se respete la ley y repudian el accionar de la Justicia de San juan

ARGENTINA: Desde socorristas exigen que se respete la ley y repudian el accionar de la Justicia de San juan

La Sala III de la Cámara Civil de San Juan hizo lugar a una cautelar solicitada por un hombre para impedir que su ex pareja ejerza su derecho de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de la ley.

Frente a esta situación la Mesa por el aborto legal, seguro y gratuito emitió una declaración desde la misma provincia en cuestión para repudiar esta decisión que contradice el principio de autonomía de la persona gestante establecido por la Ley Nº 27.610.

Dentro de la declaración se manifiesta que: “ante el ataque mediático e institucional contra una persona que solicitó un aborto legal en el marco de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo)

Forzar a una persona a continuar y llevar a término un embarazo en contra de su voluntad es violencia, y es ilegal en Argentina. 

El tratamiento mediático que se le dió al caso así como las dilaciones de la Obra Social Provincia para resolver la solicitud, son intentos en ese sentido y por lo tanto van contra la Ley.

La responsabilidad de hacer cumplir las leyes nacionales de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino es del Estado provincial ¿Hasta cuándo lxs funcionarixs de la provincia de San Juan van a incumplir sus obligaciones?

Desde la sanción de la Ley IVE en diciembre de 2020, las personas que cursen una gestación menor a 14 semanas que no desean continuar, pueden decidir interrumpir ese embarazo voluntariamente. Más allá de esa edad gestacional, es posible abortar si el embarazo pone en riesgo la vida o salud de la persona gestante o si fue producido por una violación. 

En cualquier caso, la persona que necesite abortar solo tienen que solicitarlo en cualquier establecimiento de salud público o privado. Una vez solicitado un aborto, el sistema de salud tiene un plazo de diez días para resolver el pedido, es decir, para brindar los medios necesarios para que el aborto se realice en las condiciones que establece la ley. Obstaculizar, dilatar o negar la interrupción del embarazo requerida es un delito y debe ser sancionado (CPA art. 85 bis).

Las razones de su decisión son un asunto personal y el personal de salud no debe indagar en las mismas. El acceso al aborto hasta las 14 semanas de gestación no requiere de ninguna certificación médica. De lo contrario implica una falta o incumplimiento de la ley por parte de los profesionales de la salud y corresponde su denuncia. 

En el momento de acceder a un aborto solo deben requerir la expresa voluntad de quien requiere abortar, a través de un consentimiento informado que deberá completar allí mismo.

La inmediatez de la práctica (10 días corridos desde la solicitud) obliga a las obras sociales a desburocratizar el acceso a la IVE, ya que la práctica de interrupción forma parte del Plan Médico Obligatorio (PMO) de acuerdo a la legislación. Las obras sociales que demoren más de este tiempo la prestación, pueden ser objeto de demandas legales con sus correspondientes resarcimientos económicos.

Por otro lado, el tratamiento falso e inadecuado de la información por parte de los medios de comunicación, además de violentar a personas concretas, dañan el acceso a información fidedigna y el acceso al derecho de la ciudadanía en su conjunto. En este sentido, la Ley 27610  obliga a los medios de comunicación a revisar sus prácticas periodísticas. Al no hacerlo, son responsables de compensar el daño moral, psicológico, entre otros perjuicios que ocasionen violaciones a la legislación vigente, comprobables desde el punto de vista jurídico.

Exigimos que las leyes nacionales se garanticen en tiempo y forma en la provincia. Por lo tanto, demandamos que se derogue el decreto de prohibición de venta de misoprostol en las farmacias de la provincia. Limitar el acceso a la medicación es una obstrucción grave.

Exigimos al gobierno provincial la implementación de la Ley en todos los establecimientos de salud pública de la provincia. Y que en los hospitales Dr. Guillermo Rawson y Dr. Marcial Quiroga se aseguren equipos de salud respetuosos para garantizar el acceso a la ILE/IVE. Basta de violencias institucionales por parte de profesionales de salud.

Las leyes vigentes a nivel nacional son, desde su sanción y reglamentación, obligatorias para todo el territorio nacional. Eso incluye, por supuesto, la provincia de San Juan. Por lo tanto, para gozar estos derechos no se requieren medidas especiales si no que se arbitren canales de información clara sobre cómo debemos acceder a los derechos que nos corresponden como habitantes de este territorio argentino. Es decir que, en casos de incumplimiento u obstrucción, las únicas responsables son las autoridades sanjuaninas y, principalmente, el Gobernador Uñac.

El abuso del poder político y blindaje mediático no pueden excluir a las/es/os sanjuaninas/es/os del goce de derechos, reconocidos legalmente, en materia de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos.

Las múltiples violencias nos siguen reafirmando que ante un Estado provincial ausente, «nos cuidamos entre nosotras». Ante la inoperancia política para hacer cumplir la ley y los derechos que ésta nos otorga, nos organizamos para pensarnos y establecer estrategias colectivas de protección.

Por eso, si necesitas abortar podes solicitar información comunicandote con:

Línea de Salud Sexual: 0800 222 3 444 (Ministerio de Salud de la Nación Argentina)

Las Hilarias Socorristas en Red: 0264-5847481

Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir: redsalud.sanjuan@gmail.com