Aborto en Córdoba: una década en tribunales*

Aborto en Córdoba: una década en tribunales*

Durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba publicó un estudio realizado por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia. El informe da cuenta de la “actividad judicial en causas por delitos de Abortos Punibles”, entre enero de 2010 y diciembre de 2019.

Son cincuenta páginas de datos y análisis estadísticos que incluyen las cifras totales de casos, los años, la descripción de los hechos, de los imputados y del proceso penal, entre los más importantes.

En un análisis crítico de este informe, lo primero que llama la atención es que se cuantifican los hechos investigados sin detenerse a considerar las especiales características de cada causa. Eso que se considera “caso” es una mujer, una acompañante, un ser humano; mujeres y personas atravesadas por una multiplicidad de factores sociales, culturales, políticos y económicos que intervienen al momento de decidir interrumpir un embarazo.

Según el informe, la cantidad de causas iniciadas por el delito de aborto punible es insignificante. Del total de casos denunciados entre 2010 y 2019 sólo el 0,001% corresponde a casos de aborto; es decir ¿se puede pensar que este dato tiene alguna correlación con lo que realmente ocurre en la realidad? ¿La pregunta inmediata es por qué ciertos casos -los menos, una proporción “insignificante”- llegan a los Tribunales y la inmensa mayoría no?

Por otra parte, surge del informe que el año 2012, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en el fallo FAL, y el año 2018, el del debate parlamentario de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, son los dos años en que se iniciaron más causas por aborto punible. Difícil pensar en una casualidad, de hecho el mismo informe da cuenta de la “coincidencia”. Lo que no dice, es que fueron los años en que más creció la presión de los sectores lobbistas, vinculados a los grupos antiderechos. Tanto el fallo FAL como la puesta a debate del aborto fueron considerados una afrenta por quienes durante años desplegaron diferentes estrategias en contra de los derechos sexuales y (no) reproductivos.

Si bien el informe no lo explica, es posible suponer que las prácticas denunciadas son aquellas que se efectúan en condiciones de extrema precariedad y que requieren intervención médica posterior en el sector público. Es ahí donde, rompiendo la confidencialidad y el secreto profesional, se ponen en conocimiento de la Justicia los hechos y comienza el proceso judicial. Es más que conocida la selectividad del sistema penal, siendo este proceso quizás una de las pocas manifestaciones del Estado en la vida de algunas mujeres.

El primer dato que surge del estudio es que en los últimos 10 años se iniciaron 53 procesos penales por abortos punibles en Córdoba. Además, en base a la distinción efectuada en el artículo 85 inc. 1 y 2 del Código Penal, se traza una distinción metodológica a partir de la existencia o no de consentimiento por parte de la mujer. En las 20 causas por abortos realizados sin el consentimiento de la gestante, lo que da lugar a condenas específicas, es evidente que se trata de situaciones de violencia de género, que debieran haberse investigado y llegado el caso condenado como tales. Que la puerta de entrada sea la persecución del delito de aborto no es una nimiedad. Son claras situaciones de violencia de género contra las embarazadas y ese es el criterio que debería prevalecer en la actuación del Poder Judicial. Aquí las cifras hablan por sí solas: en las causas de abortos sin consentimiento, hay 22 imputados, de los cuales 20 son varones y 17 de ellos fueron pareja de la víctima.

Por otro lado, se relevaron 24 causas por abortos realizados con el consentimiento de la gestante. En esta categoría se encuentran imputadas, además de terceras personas implicadas en la práctica, las mujeres a las que se les practicó el aborto. Junto a las mujeres que realizan la práctica, la mayoría de las personas presas o imputadas por aborto también son mujeres, porque son ellas quienes acompañan y contienen a otras para que puedan llevar adelante su decisión.

Las causales de aborto legal actualmente previstas por el Código Penal habilitan a interrumpir un embarazo en caso de riesgo tanto en la salud como en la vida de la persona gestante. Y tal, como lo establece la Organización Mundial de la Salud y el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L., se entiende la salud desde un punto de vista integral que comprende tanto lo físico, como lo psíquico y lo social. En caso de violación, el único requisito es la presentación de una declaración jurada. La pregunta es inevitable: ¿las mujeres imputadas por aborto durante la década analizada conocían estos derechos?, ¿cuántas de la imputaciones eran abortos legales que la salud pública se negaba a garantizar?

Una de las principales causas que motiva la lucha del movimiento de mujeres es la ausencia del Estado como garante de derechos. Y esa ausencia de políticas públicas es también la razón que conduce a la clandestinidad, como la única alternativa para muchas personas que deciden no continuar con un embarazo. A eso refiere también el informe cuando menciona que el 19% de los métodos utilizados para las interrupciones son intervenciones no quirúrgicas, es decir que no recurren ni al misoprostol ni a intervenciones quirúrgicas en establecimientos de salud, ya sean públicos o privados. En otras palabras, son abortos altamente inseguros, con un gran costo que deben afrontar las mujeres pobres, con perjuicios sobre su salud y también sobre su vida.

Según este relevamiento del Poder Judicial cordobés, en la última década se habrían practicado dos abortos punibles con resultado de muerte. Más allá de que, una vez más, estos son sólo los casos que llegan a Tribunales, consta que esas mujeres murieron por abortar a través de métodos inseguros. No las mató el “delito”. Estas mujeres murieron por no seguir los mandatos de la maternidad impuesta y por la falta de acceso a la salud pública y la asistencia del Estado. Pero para la Ley, tal como la interpreta una parte al menos de la sociedad y el Poder Judicial, son implicadas en causas de aborto, junto a otras que intervinieron en la práctica.

En un análisis superficial, con atención exclusiva en los datos cuantitativos, el informe sugiere que los tribunales provinciales no tienen especial interés en perseguir este tipo de causas. Sin embargo, les dan curso. ¿Qué se pretende? ¿Será un mensaje alecccionador, perseguir y amedrentar a quienes deciden interrumpir un embarazo y a quienes acompañan en esta difícil situación? Además, surge de los mismos números relevados que tampoco tienen interés en darle un cierre a los procesos que se inician. El informe no realiza un análisis detallado en relación a la duración de cada uno de los procesos penales, pero hay dos datos alarmantes: más de la mitad de los casos que se encuentran en la etapa investigativa llevan cinco años en esa situación. En ese contexto, hay mujeres con procesos abiertos durante años, expuestas a todos los perjuicios que esta situación acarrea, como por ejemplo la automática detención ante un hecho que genere la atención de las llamadas fuerzas del orden, además del incalculable peso psicológico de vivir con una condena pendiente.

La consecuencia es una completa aniquilación de las garantías y los derechos esenciales, porque la prescripción establecida en el Código Penal para los casos de aborto es de cuatro años, tanto para la mujer que se lo practica a sí misma o consiente que otro/a lo realice, así como para la tercera persona que lo lleva adelante. La lentitud del sistema judicial constituye en estos casos una condena en sí misma, ya que todas las causas que se encuentran elevadas a juicio llevan cuatro años sin sentencia.

Según las profesionales de la Guardia Feminista de Abogadas de CDD, que acompañan y representan a las mujeres que atraviesan el proceso judicial con desconocimiento de las leyes, los derechos y hasta las temáticas abordadas, sometidas a una investigación y recolección de pruebas llevada a cabo por personal que no tiene ninguna formación en género y que desconoce las particularidades de la causa. La imposibilidad de acceder a los juzgadores y de ser oídas dentro del enrevesado sistema judicial, sumada a la falta de recursos materiales y simbólicos, hacen que las mujeres transiten este camino sintiéndose completamente vulneradas y abandonadas. Porque así lo están sin la protección del Estado.

En el “Informe sobre la actividad judicial en causas por delitos de Abortos Punibles”, del Poder Judicial de Córdoba, queda clara una carencia evidente en la Provincia: no se están respetando los derechos de las mujeres. No se está garantizando el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo, prevista en el Código Penal y refrendada por el Protocolo del Ministerio de Salud de la Nación y el Protocolo Provincial.

Una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es clave para cerrar cada una de estas causas, ya que la aplicación retroactiva de una ley penal más benigna permitirá sobreseer y absolver a cada una de las mujeres que se encuentran sometidas a un proceso penal sólo por no cumplir con los mandatos que la sociedad patriarcal les exige. Es la ley que todo el movimiento feminista demanda para el 2020: aborto legal, seguro y gratuito para que todas las generaciones tengan autonomía sobre su vida y su cuerpo. Es el derecho a decidir.

(*) Católicas por el Derecho a Decidir